El caso ha entrado en una fase crítica tras la formalización de señalamientos por parte de autoridades de Estados Unidos que apuntan a presuntos vínculos entre funcionarios públicos, entre ellos Rubén Rocha Moya, y el Cártel de Sinaloa. Este nuevo escenario incrementa la presión internacional sobre el gobierno mexicano, planteando interrogantes sobre las acciones legales o diplomáticas que se derivarán de estas acusaciones.