La acusación formal por narcotráfico anunciada este 29 de abril de 2026 no se detiene en el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela una estructura de corrupción profunda, donde el Cártel de Sinaloa repartió sobornos mensuales a otros nueve funcionarios y exfuncionarios para operar con total impunidad.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la organización criminal dependía directamente de estas autoridades corruptas para proteger su territorio, su dinero y a sus líderes.
Los sobornos en la Fiscalía y la Policía
El expediente detalla pagos en dólares y pesos que evidencian cómo se compraba la lealtad en las instituciones de seguridad:
Punto de quiebre en caso Rubén Rocha Moya 🚨
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026
La acusación de EU ya no es rumor: es una imputación penal que señala posibles vínculos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa.
El caso abre un escenario clave: ¿actuarán las autoridades en México o escalará la presión… pic.twitter.com/x4CIy1dI5L
- Dámaso Castro Zaavedra (Fiscal general adscrito): Acusado de recibir 11 mil dólares mensuales (aproximadamente 200 mil pesos) por actuar como informante y alertar sobre operativos policiales coordinados con el gobierno estadounidense.
- Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: Ambos mandos habrían percibido sumas de hasta 300 mil pesos mensuales a cambio de brindar protección a la organización criminal.
- Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán hasta 2024): Con un pago de más de mil 600 dólares al mes por parte de "Los Chapitos", este oficial presuntamente asignaba elementos policiales para ejecutar arrestos, secuestros y asesinatos. Se le acusa directamente de participar en el secuestro y ejecución de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.
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Complicidad desde los ayuntamientos y el gabinete
La red de protección alcanzó las cúpulas políticas. El documento estadounidense señala a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, de frenar y otorgar protección ante operativos antinarcóticos, permitiendo la libre operación del cártel en la capital sinaloense.
La lista de los implicados que, más allá del gobernador Rocha Moya, tejieron esta red de complicidad incluye a:
- Enrique Inzunza Cazarez, actual senador.
- Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad.
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal.
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