El comunicado emitido este 29 de abril por el gobierno de Estados Unidos le da la razón a la polémica carta de Ismael "El Mayo" Zambada. La acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya va más allá del apoyo electoral: la DEA sostiene que el mandatario estatal acudió a reuniones con "Los Chapitos" para sellar un pacto de protección e impunidad.
¿Qué se acordó en las reuniones?
De acuerdo con la investigación, Rocha Moya no fue solo un observador. Los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York alegan que los encuentros ocurrieron antes y después de que ganara la gubernatura de Sinaloa en 2021.
- El trato presuntamente consistía en lo siguiente:
- El compromiso del gobierno: Proteger y facilitar la distribución de drogas hacia Estados Unidos.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
Este ataque no es únicamente…
El favor del cártel: A cambio, la facción criminal eliminaría cualquier obstáculo político para el morenista, lo que incluyó el secuestro de rivales durante la campaña electoral.
La carta de "El Mayo" cobra sentido
Estos señalamientos refuerzan lo dicho por "El Mayo" Zambada tras su detención, cuando afirmó en una carta pública haber sido secuestrado al dirigirse a una reunión donde supuestamente estaría Rocha Moya. Aunque el gobernador lo negó en su momento, la acusación estadounidense detalla que este tipo de encuentros entre el mando político y el criminal eran una práctica recurrente para afinar la logística del cártel.
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Violencia extrema y la visión de la administración Trump
A diferencia de otros casos donde solo se persigue la corrupción política, a Rocha Moya se le imputan delitos de violencia extrema:
- Conspiración para importar narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Para la administración encabezada por el presidente de Estados Unidos, un gobernador que facilita el flujo de este tipo de armamento se convierte en un facilitador activo de una organización que consideran terrorista, debido a la violencia generada en la región.
¿Qué condena enfrentaría?
Si el gobernador es extraditado, los cargos presentados contemplan una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Al respecto, el administrador de la DEA, Terrance Cole, advirtió que usar posiciones de confianza para proteger el flujo de drogas mortales es una traición que no quedará impune, sin importar el rango del acusado. Con esto, el Departamento de Justicia intensifica la presión sobre el gobierno mexicano, coordinando esfuerzos para que el gobernador rinda cuentas ante un juez en Nueva York por "vender la seguridad de Sinaloa".
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