Pese a los intentos por desacreditar las protestas y minimizar el descontento social, las manifestaciones continúan creciendo. Y no solo en el Zócalo de la Ciudad de México. El malestar aumenta conforme el gobierno mexicano mantiene su negativa a actuar tras la solicitud de captura y extradición de políticos sinaloenses señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Desde Palacio Nacional, el caso ha dejado de tratarse como un asunto de justicia y cooperación internacional para convertirse en una disputa política. Morena busca llevar el tema al terreno electoral y cerrar filas frente a las acusaciones que llegan desde Washington.
La presión no es menor. La orden de no entregar a Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y terrorismo, exhibe el costo político que tendría para el movimiento una eventual extradición.
Morena blinda a Rocha Moya pese a presión de EU por narcotráfico
