Ya se cumplieron ocho días desde que Estados Unidos pidió la captura y extradición de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.
Y aun así, el gobierno mexicano sigue sin actuar. Ni las advertencias del Departamento de Justicia, ni la presión del fiscal estadounidense, ni el ultimátum lanzado por Donald Trump han cambiado la postura de Palacio Nacional.
La razón parece evidente: Morena no quiere que los suyos terminen frente a tribunales de Brooklyn contando lo que saben. Porque lo que podrían declarar Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios investigados podría exhibir una red de pactos entre política y crimen organizado mucho más amplia de lo que oficialmente se reconoce.
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