Donald Trump mantiene una postura cada vez más dura frente al gobierno mexicano. Desde Washington, el mensaje es que ya no habrá espacio para evasivas ni discursos diplomáticos mientras sigan pendientes las solicitudes contra personajes señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La crítica también alcanza a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que se le cuestiona por no exigir formalmente pruebas más contundentes ante las acusaciones hechas por Estados Unidos.
En medio de esta presión, crece la percepción de que el gobierno mexicano busca ganar tiempo para evitar entregar a personajes cercanos al poder político, quienes podrían conocer información sensible sobre presuntos acuerdos entre grupos criminales y estructuras políticas.
Para Estados Unidos, la presión continuará mientras México no actúe contra los perfiles relacionados con el llamado grupo de Sinaloa.
