“No va a pasar nada”, decía Rubén Rocha Moya. Pero hoy la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está? Públicamente no hay claridad sobre su paradero, aunque resulta difícil pensar que las áreas de inteligencia y seguridad del país no sepan dónde se encuentra un personaje acusado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Mientras avanzan las investigaciones, crece la percepción de que existe una intención de evitar su captura. Y detrás de eso aparece una advertencia que pesa políticamente: si cae uno… podrían caer muchos más.
Lo cierto es que, esté donde esté, Rocha Moya continúa bajo protección oficial, con escoltas pagados con recursos públicos. La misma protección alcanza a otros personajes señalados en las investigaciones. Algunos dejaron sus cargos apenas comenzaron las acusaciones. Entre ellos está el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, así como el fiscal adjunto Dámaso Castro, quienes solicitaron licencia.
Otro de los nombres que aparecen es Alfonso Díaz Vega, exsecretario de finanzas de Sinaloa, ahora convertido en empresario constructor, beneficiado, según los señalamientos, con permisos obtenidos durante su paso por el gobierno estatal. También es mencionado en versiones que lo relacionan con presuntos movimientos de dinero hacia personajes cercanos a la familia de Andrés Manuel López Obrador.
Quien sí logró moverse legalmente fue el exsecretario de seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez. Un juez federal le otorgó un amparo que frena cualquier intento inmediato de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos.
Sobre otros mandos de seguridad, el panorama es menos claro. Algunos renunciaron, otros adelantaron su retiro y existen versiones de que habrían abandonado Sinaloa. Incluso se especula que podrían terminar vinculados a grupos criminales o buscando refugio político en otras entidades.
La exembajadora Martha Bárcena advirtió que México está “jugando con fuego” si decide no actuar contra los funcionarios señalados.
