El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha evolucionado en los últimos dos años, pasando de señalamientos iniciales a una investigación formal por parte de autoridades de Estados Unidos.
En 2024, una carta atribuida a Ismael "El Mayo" Zambada colocó al mandatario estatal en el centro de la polémica, al sugerir posibles vínculos con el crimen organizado.
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En ese momento, las acusaciones no fueron respaldadas con pruebas oficiales y fueron rechazadas por el propio gobierno estatal.
Tras la difusión de estos señalamientos, gobernadores y dirigentes de Morena emitieron un pronunciamiento público en respaldo a Rocha Moya, en el que calificaron las versiones como parte de una campaña de estigmatización.
En dicho documento, se defendió la trayectoria del mandatario y se subrayó la ausencia de evidencias en su contra. Sin embargo, el escenario cambió el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer acusaciones formales contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, en el marco de una investigación más amplia que involucra a funcionarios del estado de Sinaloa.
De acuerdo con los señalamientos, el mandatario habría tenido relación con grupos delictivos como “Los Chapitos”, lo que forma parte de una indagatoria que también se vincula al contexto de violencia en la entidad.
En su momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador al señalar que no existían elementos para sostener las acusaciones en su contra.
Golpe desde EU sacude al poder en Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen
