El primer mensaje contundente desde la Casa Blanca hacia la clase política mexicana llegó hace justo un año. Por primera vez, autoridades de Estados Unidos retiraron la visa a una gobernadora en funciones: Marina del Pilar Ávila. Aquella decisión marcó un precedente y encendió alertas dentro de Morena, donde, pese al tiempo transcurrido, el tema sigue generando inquietud. A partir de ese momento, el silencio predominó. Ningún otro político confirmó públicamente sanciones similares, aunque versiones apuntaban a casos en entidades como Sonora y Tamaulipas. El gobierno estadounidense no está obligado a transparentar a quién le cancela la visa, por lo que se desconoce cuántos funcionarios ya no pueden ingresar a ese país o atender asuntos personales y financieros del otro lado de la frontera.
En el caso de la mandataria de Baja California, la revocación de su visa también tuvo implicaciones personales. Ya no pudo viajar a Estados Unidos, particularmente a San Diego, donde tenía actividades. Paralelamente, la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra su entonces esposo, Carlos Torres Torres, señalado por presuntos delitos como narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y lavado de dinero, además de su cercanía con proyectos gubernamentales.
La gobernadora sostuvo que se trataba de acusaciones sin sustento y aseguró que no existían pruebas en su contra. Sin embargo, su nombre ha seguido apareciendo en versiones que la ubican dentro de posibles investigaciones más amplias sobre vínculos entre política y crimen organizado.
En medio de rumores sobre una eventual solicitud de licencia, la propia mandataria salió a fijar postura desde Mexicali, afirmando que su administración continúa con normalidad.
