La acusación formal presentada en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, genera un análisis sobre la inmunidad procesal en México. De acuerdo con el sistema legal mexicano, el fuero constitucional es una protección que impide la detención o procesamiento inmediato de altos funcionarios mientras permanecen en su encargo. No obstante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece mecanismos para que los gobernadores rindan cuentas por delitos federales, supeditando cualquier acción penal a un procedimiento de declaración de procedencia, conocido como desafuero.
El expediente proveniente de Estados Unidos incluye cargos por conspiración para el tráfico de fentanilo, cocaína y heroína, además de delitos relacionados con el uso de armas y la facilitación de operaciones para el Cártel de Sinaloa. Junto al gobernador, otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre los que destacan mandos de seguridad y miembros del gabinete, aparecen en la investigación estadounidense. La resolución de este caso en territorio nacional requiere la intervención del Congreso de la Unión y, en ciertos supuestos, del Congreso del Estado de Sinaloa, para retirar la protección legal antes de que las autoridades puedan proceder con una orden de aprehensión o un juicio.
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Funcionamiento del fuero y proceso de desafuero en México
El fuero constitucional no representa una exención definitiva de la ley, sino una garantía para evitar interrupciones en el ejercicio del cargo por causas políticas. En el caso de delitos federales imputados a un gobernador, el Artículo 111constitucional dicta el proceso a seguir. Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) presenta una solicitud de procedencia basada en evidencias, la Cámara de Diputados actúa como órgano acusador para determinar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad.
Si el desafuero es aprobado, el funcionario queda a disposición de las autoridades competentes y puede ser procesado como cualquier ciudadano. En este escenario:
- El funcionario pierde la protección legal de su cargo.
- Se habilita la posibilidad de ejecución de órdenes de aprehensión.
- Inicia el proceso penal ante jueces federales.
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Cuestionan respaldo oficial a Rubén Rocha Moya tras menciones en investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU.
