La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la vinculación a proceso de un sujeto identificado como Andrés “N”, luego de ser acusado de entregar a su propia hija de 12 años de edad a un tercero a cambio de una compensación económica de 25 mil pesos. El caso ha marcado un precedente legal en la región al ser tipificado bajo una nueva modalidad delictiva.
Primer caso judicializado en la entidad
Los hechos bajo investigación se registraron en el paraje denominado Tres Puentes, situado dentro del municipio de Larráinzar. Las autoridades locales puntualizaron que este expediente representa el primer caso judicializado por el delito de cohabitación forzada en la historia jurídica del estado de Chiapas.
La carpeta de investigación penal se inició formalmente luego de que la madre de la menor se presentara ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente. La intervención de la fiscalía estatal permitió el rescate de la víctima y la captura del presunto responsable, quien de inmediato fue puesto a disposición del juez de control en turno.
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De acuerdo con las indagatorias de la autoridad ministerial, la adolescente de 12 años fue obligada por su progenitor a residir y mantener una vida en común con un individuo adulto. La Fiscalía General del Estado confirmó que dicho sujeto también se encuentra plenamente identificado y deberá responder ante los tribunales correspondientes por su presunta participación en los hechos.
Irretroactividad de los "usos y costumbres"
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó de manera pública que la institución a su cargo presentará una acusación formal orientada a solicitar la pena máxima de hasta 30 años de prisión en contra de Andrés “N” por la gravedad de la transgresión a los derechos humanos de la menor.
El funcionario fue enfático al señalar que, bajo ninguna circunstancia, los sistemas normativos internos, tradiciones o los denominados "usos y costumbres" de las comunidades rurales e indígenas deben prevalecer o colocarse por encima de las leyes constitucionales que protegen la integridad física y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La fiscalía chiapaneca ratificó que mantendrá un seguimiento puntual sobre el proceso y continuará con el desahogo de las pruebas científicas y testimoniales durante el periodo de investigación complementaria, con el objetivo de sentar un castigo ejemplar que ayude a erradicar estas conductas delictivas en la entidad.
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