El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, anunció que su partido emprenderá una batalla legal para solicitar que Morena pierda su registro oficial como institución política. Esta determinación surge tras la acusación formal del Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de alto nivel. Moreno Cárdenas sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York demuestran que el partido oficialista ha operado como un brazo del crimen organizado para obtener ventajas electorales.
La elección y el uso de la estructura criminal
De acuerdo con la postura del líder priista, el proceso electoral en Sinaloa fue en realidad una "narcoelección", donde grupos delictivos actuaron como los principales operadores de Morena. La denuncia resalta que se utilizaron tácticas de terror, incluyendo desapariciones forzadas y secuestros de operadores políticos de la oposición para inclinar los resultados en las urnas. Moreno enfatizó que el andamiaje institucional, compuesto por figuras como el senador Enrique Inzunza y el alcalde Juan de Dios Gámez, sirvió para proteger actividades ilícitas y consolidar un poder basado en la delincuencia organizada.
Alejandro Moreno exige retirar registro a Morena por presuntos vínculos criminales
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 30, 2026
El dirigente nacional del PRI, @alitomorenoc, acusó a Morena de incurrir en complicidad al proteger al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza frente a las investigaciones de… pic.twitter.com/NHV7vkzRLW
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Acciones legales y exigencia de extradición
Ante la gravedad de los cargos de narcotráfico y corrupción emitidos por agencias de inteligencia estadounidenses, el PRI ya ha formalizado denuncias en México contra los señalados. Alejandro Moreno insistió en que la permanencia de Morena vulnera la seguridad nacional y los principios democráticos del país al estar infiltrado por cárteles de la droga. Por ello, el partido opositor exigirá que se facilite la extradición de los funcionarios imputados y que las autoridades electorales actúen ante lo que calificó como una complicidad flagrante por parte del partido en el poder.
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