El propio Gobierno del Estado de Coahuila reconoce en sus registros de salud una realidad alarmante: Según el informe de natalidad de la Secretaría de Salud, en 2024 hubo 6,179 nacimientos de adolescentes, lo que equivale al 16.4 % del total de 37,672 nacimientos registrados. Entre ellos, 190 casos correspondieron a niñas menores de 15 años, incluida una madre de tan solo 12 años.
El Pre Ejercicio Fiscal 2025 de Coahuila revela una preocupante omisión: no hay partidas específicas destinadas a la prevención del embarazo adolescente ni a la atención integral de niñas y adolescentes embarazadas.
En la revisión de las más de 700 páginas del documento, no se detectan asignaciones claras para:
- Prevención del embarazo adolescente.
- Atención a mujeres embarazadas menores de edad.
- Salud reproductiva o planificación familiar diferenciada.
- Programas de apoyo a madres adolescentes.
La contradicción es indignante: el gobierno se comprometió a erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 % la fecundidad adolescente para 2030.
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El contraste con otras prioridades presupuestales es inevitable: se destinan recursos millonarios a publicidad oficial, pago de deuda y nómina, mientras que la prevención del embarazo adolescente (una emergencia de salud pública y derechos humanos) no cuenta con partidas claras ni suficientes.
La falta de recursos específicos no solo refleja un vacío presupuestal, sino también una responsabilidad directa de las autoridades encargadas: el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, y la titular de la Secretaría de la Mujer de Coahuila, Mayra Valdés González, quienes deberían garantizar programas efectivos de prevención, educación y apoyo integral para reducir el embarazo adolescente en la entidad.
El mensaje es claro: en Coahuila, el embarazo adolescente no es solo un problema social, es un fracaso institucional. El gobierno tiene la ley y los compromisos, pero no los recursos ni la voluntad suficiente para cumplirlos.
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