Un grave caso de revictimización y discriminación ha encendido las alarmas en el estado de Puebla. Una niña de tan solo 11 años de edad, víctima de presunto abuso sexual, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia. Sin embargo, el acceso a la justicia le fue negado en ese momento debido a una barrera lingüística: la menor habla náhuatl y la dependencia no contaba con un perito traductor disponible para atenderla.
Niegan atención a niña en la Fiscalía de Puebla por hablar náhuatl
Los hechos ocurrieron cuando la menor, buscando protección y justicia tras sufrir una agresión sexual, se presentó ante el ministerio público en la capital poblana. Lejos de recibir la atención prioritaria que su caso y edad ameritaban, el personal administrativo le indicó que no podían tomar su declaración porque "no había traductor" que pudiera interpretar del náhuatl al español.
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La situación obligó a la víctima a esperar o buscar alternativas por su cuenta, prolongando su estado de vulnerabilidad.
Presión en redes logra justicia: detienen al tío de la menor
La indignación ciudadana y la cobertura mediática fueron determinantes para que la maquinaria de justicia avanzara. Ante el escrutinio público, la Fiscalía de Puebla gestionó el apoyo de una asociación civil para conseguir el intérprete que faltaba y canalizó a la pequeña al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán para su atención.
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Una vez recabado el testimonio en su lengua materna, se liberó la orden de aprehensión contra Eduardo “N”, de 32 años de edad. Las investigaciones apuntan a que este sujeto, quien es tío de la víctima, la habría agredido sexualmente al interior de una panadería de su propiedad, valiéndose de amenazas para mantenerla en silencio. Si bien la autoridad reiteró su compromiso contra el maltrato infantil, el caso deja al descubierto la carencia crítica de traductores inmediatos en el sistema de justicia estatal.
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