El fallecimiento de dos bebés en Francia tras consumir fórmulas lácteas contaminadas ha encendido las alarmas internacionales sobre la seguridad de los productos básicos para lactantes. Lo que comenzó como síntomas de enfermedad terminó en una tragedia irreversible que hoy mantiene dos investigaciones penales abiertas en las ciudades de Angers y Burdeos, donde las autoridades buscan esclarecer cómo productos destinados a la nutrición básica de recién nacidos resultaron letales.
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¿Cómo ocurrió la muerte de los bebés en Francia?
Los reportes oficiales indican que los menores perdieron la vida luego de ingerir leche en polvo que contenía la toxina cereulida, un agente nocivo que afectó gravemente su organismo. Los decesos han generado una profunda conmoción, especialmente tras revelarse que los productos afectados pertenecen a marcas de amplia distribución, como Guigoz, del grupo Nestlé, lo que sugiere que el fallo en los controles de calidad alcanzó los niveles más altos de la industria alimentaria europea.
La toxina cereulida: el peligro mortal detectado en la leche
El origen de esta crisis se localizó en aceites enriquecidos con ácido araquidónico, una materia prima fundamental en la elaboración de fórmulas infantiles que habría llegado contaminada desde una empresa proveedora en China. Esta sustancia tóxica fue procesada en al menos cinco fábricas dentro de Francia, contaminando lotes masivos de leche que llegaron a los hogares y provocando no solo la muerte de los dos infantes, sino también hospitalizaciones y episodios de enfermedad prolongada en otros niños que consumieron las mismas marcas.
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Medidas de emergencia tras los fallecimientos de lactantes
Ante la gravedad de las defunciones, el Gobierno francés se vio obligado a reaccionar de manera urgente para evitar que la cifra de víctimas aumente. Como medida de choque, se decretó una reducción drástica en los límites permitidos de la toxina cereulida en los alimentos infantiles, bajando el umbral de 0.03 a 0.014 microgramos por kilogramo. Mientras tanto, las familias de las víctimas denuncian que la transparencia ha sido insuficiente, pues temen que el proceso de devolver los productos contaminados a las propias empresas para ser analizados pueda entorpecer el avance de las investigaciones penales.
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