El anhelo de hacer crecer el dinero de manera sencilla se transformó en una pesadilla para decenas de personas en Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del estado abrió una carpeta de investigación por un presunto megafraude relacionado con “tandas” organizadas a través de redes sociales, cuyo monto total podría superar los 27 millones de pesos.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la principal señalada es una mujer identificada como Ingrid Ornela Jasso, quien presuntamente se encargaba de captar a los participantes y administrar el capital reunido. Bajo la apariencia de un sistema de ahorro informal, el esquema logró atraer a numerosas víctimas que confiaron sus recursos con la promesa de recibir sumas mayores en plazos relativamente cortos.
Las autoridades detectaron que el fraude seguía un patrón típico de estafa piramidal. En una primera etapa, la organizadora cumplía puntualmente con los pagos iniciales, lo que generaba confianza entre los participantes y los motivaba a invertir cantidades mayores o a invitar a familiares y amigos. Con el paso del tiempo, el mecanismo se tornaba insostenible.
Según las investigaciones, se ofrecían supuestos “turnos disponibles” para cobrar el dinero acumulado; sin embargo, el mismo turno habría sido asignado o vendido a varias personas al mismo tiempo. Cuando llegaba la fecha de pago, los recursos simplemente no aparecían, dejando a los participantes sin respuesta ni devolución.
Aunque el caso se originó en Nuevo León, el impacto del presunto fraude es de alcance nacional. Damián, una de las víctimas, relató que solo en un grupo de afectados se contabilizan cerca de tres millones de pesos, pero aseguró que la red de personas perjudicadas es mucho más amplia y se extiende a estados como Quintana Roo, Jalisco y Coahuila, entre otros.
La Fiscalía informó que para avanzar en el proceso legal es fundamental que los afectados ratifiquen sus denuncias de manera presencial y aporten pruebas documentales, como comprobantes de transferencias o depósitos.
Asimismo, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para evitar esquemas de ahorro informales difundidos en redes sociales, ya que al no estar regulados por instituciones financieras carecen de respaldo legal y dejan a los participantes en completa vulnerabilidad ante posibles fraudes.
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