El reciente Índice de Competitividad Estatal 2025 vuelve a poner bajo la lupa a Coahuila, que se posiciona en el lugar 29 de 32 en el subíndice de Sistema político y Gobiernos. Este indicador evalúa no sólo la estabilidad y funcionalidad de los sistemas políticos locales, sino también la capacidad de los gobiernos para impulsar la competitividad de sus entidades.
El pobre desempeño de Coahuila evidencia problemas profundos en varias áreas clave: la deuda estatal y de organismos estatales respecto a sus ingresos, la percepción de corrupción, la limitada participación ciudadana y la falta de transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Un sistema político funcional es esencial para atraer inversión, garantizar competencia justa y promover políticas públicas que fortalezcan la economía local; sin embargo, el estado parece estar lejos de cumplir con estos estándares.
El bajo posicionamiento de Coahuila no es fortuito. La responsabilidad recae principalmente en el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas y su gabinete financiero, encargados de la administración de ingresos, deuda y políticas públicas que impactan directamente en la competitividad.
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Mantener esta tendencia no sólo afecta la imagen de Coahuila, sino que limita las oportunidades de desarrollo económico y social. La baja calificación refleja un gobierno que no logra equilibrar sus finanzas ni generar confianza entre ciudadanos e inversionistas.
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