La señora Carmen Angélica Becerra Valencia continúa con su labor para visibilizar el caso de su hija, Leyla Monserrat, quien perdió la vida en septiembre de 2025 en el municipio de Sonoyta, Sonora. El incidente ocurrió luego de que la menor fuera trasladada bajo engaños a un inmueble en el sector Flor del Desierto, donde se registró el lamentable suceso que ha generado una profunda indignación y constantes manifestaciones frente a las instalaciones de la fiscalía local por parte de sus familiares.
Tras varios días de búsqueda, las autoridades localizaron a la joven el 1 de octubre de 2025, iniciando un proceso legal contra dos personas involucradas que eran conocidas de la víctima. Recientemente, la resolución judicial ha causado controversia debido a los tiempos de internamiento y libertad asistida otorgados a las responsables, así como por el monto fijado para la reparación del daño, situación que ha llevado a la madre a exigir que se apliquen consecuencias legales más estrictas dada la naturaleza del hecho.
¿Qué ocurrió en el caso de Leyla Monserrat en Sonoyta?
De acuerdo con las investigaciones, la joven fue engañada bajo la premisa de una actividad recreativa para ser trasladada a un domicilio particular, donde se produjo una agresión física directa que resultó en su fallecimiento. Los reportes indican que las involucradas, de 15 y 13 años, utilizaron la confianza de la víctima para realizar el lamentable incidente, el cual fue documentado mediante dispositivos móviles, sirviendo posteriormente como prueba fundamental dentro del expediente del caso.
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Reporte oficial sobre las sentencias y resolución judicial
El sistema de justicia para adolescentes determinó una medida de 2 años y 10 meses de internamiento para una de las implicadas, mientras que la segunda recibió una sanción de 11 meses de libertad asistida. La familia ha manifestado su inconformidad ante el monto de la reparación económica, señalando que la planeación y ventaja con la que se actuó no corresponde a las sanciones vigentes, por lo que mantienen un llamado a las autoridades para revisar los criterios de responsabilidad en conductas de gravedad cometidas por menores.
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