Este 5 de febrero se conmemora uno de los eventos políticos y sociales más relevantes en la historia de México: la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta fecha no solo marca el aniversario de nuestra Carta Magna actual, sino que representa la consolidación de las demandas sociales emanadas de la Revolución Mexicana, estableciendo el marco legal que rige al país hasta nuestros días bajo el mandato de Venustiano Carranza.
¿Qué pasó el 5 de febrero de 1917?
El origen de esta celebración se remonta a la ciudad de Querétaro, donde el Congreso Constituyente promulgó la nueva ley suprema en el Teatro de la República. Esta nueva Constitución fue la primera a nivel mundial en incluir derechos sociales, marcando un precedente histórico al garantizar garantías individuales, educación, trabajo y la propiedad de la tierra, superando los estatutos de la anterior constitución de 1857.
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Diferencias clave con la Constitución de 1857
Aunque la Carta Magna de 1917 retomó principios liberales de su predecesora, su gran aporte fue la integración de las demandas revolucionarias. Artículos fundamentales como el 3º (educación), 27º (tierra) y 123º (trabajo) transformaron la estructura social del país, redefiniendo la relación entre el Estado, la iglesia y los ciudadanos, y otorgando al gobierno un papel activo en la protección de los derechos colectivos.
¿Por qué es feriado oficial en México?
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 5 de febrero es considerado un día de descanso obligatorio para conmemorar este hito histórico. Esto significa que las actividades laborales y escolares se suspenden oficialmente, permitiendo a los ciudadanos reflexionar sobre la importancia de las leyes que garantizan la soberanía, la libertad y la justicia en el territorio nacional.
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¿Cómo nos afecta la Constitución hoy en día?
Más allá de ser un documento histórico, la Constitución es un organismo vivo que ha sufrido cientos de reformas para adaptarse a la realidad actual. Celebrar esta fecha es reconocer la base legal que protege nuestros derechos humanos y garantías individuales, recordándonos que la ley suprema es el instrumento principal para la convivencia democrática y el estado de derecho en México.
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