El catálogo de anomalías en las compras del gobierno federal sumó un nuevo capítulo: una investigación del periodista Víctor Hugo Arteaga reveló que Grupo de Seguridad Privada PRISE se consolidó como el contratista favorito de la actual administración para el resguardo de instalaciones públicas.
De 2019 a 2026, la compañía amasó 246 contratos con 28 instituciones oficiales por un total de 12 mil 900 millones de pesos sin IVA, una cifra monumental que sextuplica el dinero bajo la lupa por el escándalo de Guadalupe Taddei en el INE.
El trasfondo apunta a un esquema de prestanombres... la socia principal es Silvia Muziño Negrete, una adulta mayor de 90 años domiciliada en un austero departamento ubicado sobre una tienda de abarrotes en Jiutepec, Morelos, donde la empresa también opera en una sede discreta.
Pese a que tres dependencias la inhabilitaron en 2025 por diversas anomalías, la firma no dejó de competir en licitaciones y ahora está a punto de asegurar otro convenio por 646 millones de pesos en el estado de Veracruz, bajo la gestión de Rocío Nahle.
