Se estima que nueve de cada diez extorsiones telefónicas en México se realizan desde cárceles, convirtiéndose en un negocio millonario para delincuentes presos y, presuntamente, para funcionarios que permiten estas prácticas.
El caso de Brian, quien desde el penal de Santiago en Almoloya habría dirigido redes de extorsión y explotación sexual, evidencia la falta de control dentro de las prisiones. Resulta difícil creer que las autoridades no sepan lo que ocurre.
Mientras continúan los robos de celulares y miles de extorsiones, el gobierno insiste en que registrar las líneas telefónicas resolverá el problema.