Mientras el gobierno mexicano sigue exigiendo pruebas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, apenas ahora instruyó a la Fiscalía a revisar las denuncias por violencia política registradas en Sinaloa durante las elecciones que llevaron al poder a Rubén Rocha Moya.
Pasaron cinco años para voltear a ver acusaciones de amenazas, extorsiones, ataques y asesinatos de aspirantes y candidatos. Denuncias que durante todo ese tiempo fueron ignoradas y que hoy solo avanzan bajo la presión de Washington.
La Fiscalía también reabrió la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén, caso que volvió al centro de la discusión después de que Ismael “El Mayo” Zambada señalara que fue ejecutado el 25 de julio de 2024 durante una reunión relacionada con Rocha Moya.
En su momento, la Fiscalía de Sinaloa sostuvo una versión distinta y aseguró que se trató de un asalto, una explicación que para muchos buscó encubrir lo ocurrido.
Por eso, en Sinaloa hay poco optimismo. Después de años de omisiones, muchos anticipan que las investigaciones podrían terminar exonerando a los responsables, como ha ocurrido con otros expedientes incómodos para el poder.
