Un video de seguridad expone un evidente caso de agresión doméstica. En las imágenes se observa con claridad cómo una mujer de la tercera edad en silla de ruedas golpea con un palo a su hijo, una persona que padece síndrome de Down y se encuentra en situación de vulnerabilidad.
El caso salió a la luz pública gracias a una denuncia anónima que aportó el material audiovisual directamente a las corporaciones policiales, provocando que las imágenes comenzaran a circular con rapidez en diversas plataformas digitales. La grabación causó un rechazo generalizado entre los usuarios y vecinos de la zona, quienes exigieron una intervención urgente para salvaguardar la integridad de la víctima.
Un patrón de violencia reiterada e intervención judicial
Los registros y testimonios entregados a la Policía local evidencian una situación alarmante, pues revelan que el ataque no se trató de un episodio aislado, sino de una serie de agresiones físicas y psicológicas que el hombre con discapacidad venía padeciendo de forma recurrente dentro del entorno familiar.
Chaco. Denuncian a una jubilada por agredir a su hijo con Síndrome de Down. Los vecinos alertaron a la policía cansados de presenciar los maltratos. La víctima tiene 31 años y su mamá 71. La hermana pidió la custodia en Enero, la justicia no resolvió aún. pic.twitter.com/P9GEO6xmty
— Diego G (@gabrielediego) September 24, 2026
Ante la contundencia de las pruebas audiovisuales, el caso quedó bajo la conducción de Marcelo Stachula, titular de la Fiscalía Penal Número 1 de Chaco, Argentina, quien decidió intervenir de oficio para abrir formalmente una investigación caratulada de manera preliminar como supuesta violencia intrafamiliar.
Medidas cautelares y derivación a juzgados de familia
Como parte de las medidas inmediatas para frenar cualquier riesgo futuro contra el afectado, el agente del Ministerio Público ordenó elevar las actuaciones a la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (M.U.I.T.) para la debida atención psicológica y pericial del caso.
Asimismo, la fiscalía determinó remitir una copia íntegra del expediente al Juzgado de Familia en turno, instancia que deberá intervenir dentro de su marco de competencias para dictar medidas cautelares de protección y determinar la custodia o el resguardo del adulto con discapacidad.
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