La audiencia programada para este viernes relacionada con el conflicto legal entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el senador Javier Corral, fue diferida para el próximo martes 2 de junio a las 9:45 a.m. La sesión, que tendría lugar en la Sala de Oralidad número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco, se aplazó debido a la inasistencia de Javier Corral, quien figura como presunta víctima y principal promotor del recurso. Por su parte, la mandataria estatal estuvo representada legalmente por su equipo, encabezado por Roberto Gil Zuarth, acción que está plenamente permitida por la ley.
El caso tiene su origen en hechos registrados durante 2024, ligados a un presunto secuestro denunciado por Corral. El objetivo de esta cita judicial era analizar la impugnación que el legislador presentó contra la decisión de la Fiscalía capitalina de no ejercer acción penal. Ante la ausencia del senador, la defensa legal de la gobernadora calificó como contradictorio que no se presentara a dar seguimiento a un proceso penal que él mismo impulsó y reactivó.
Argumentos de la defensa de Maru Campos: Persecución y hostigamiento
El abogado Roberto Gil Zuarth aseguró ante los medios que existe una clara estrategia de hostigamiento y una constante presión política contra Maru Campos, orquestada presuntamente desde el Gobierno Federal.
Tanto la defensa como la propia gobernadora denuncian un trato preferencial en la impartición de justicia. Señalan que el Estado busca perseguirla de forma sistemática, mientras acusan que se otorga "impunidad absoluta" y protección institucional a políticos de Morena señalados de mantener nexos con el narcotráfico. Como ejemplo de esto, Campos mencionó de forma directa y específica al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como uno de los principales beneficiados por esta supuesta red de protección institucional.
El contexto reciente: Cita por narcolaboratorio en Chihuahua
Esta nueva audiencia diferida ocurre apenas unos días después de que Maru Campos viajara a la Ciudad de México para atender un citatorio federal derivado del desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.
En aquella ocasión, la mandataria entregó su respuesta por escrito y lanzó fuertes críticas al asegurar que las autoridades federales intentan fabricarle un caso. Según las declaraciones de Campos, estos movimientos judiciales son una represalia directa del gobierno central por las acciones contundentes que su administración ha tomado contra el crimen organizado a nivel estatal.
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