Lo que comenzó como una tarde de entretenimiento entre amigos terminó en una tragedia con secuelas permanentes. Una mujer de 42 años de edad sufrió quemaduras graves en el 40% de su cuerpo tras participar en una experiencia de escape room con temática extrema en la localidad de Cájar, en la provincia de Granada, España. Tras casi cuatro años del siniestro, el caso llegó a los tribunales, donde los responsables enfrentan acusaciones penales.
Fuego real en una dinámica "hardcore"
Los hechos bajo investigación ocurrieron el 27 de junio de 2022 en el establecimiento denominado Villa Amparo, el cual se promocionaba en el mercado como una experiencia de terror "hardcore" en la que los usuarios debían interactuar con situaciones de peligro simuladas para lograr salir de las habitaciones.
De acuerdo con las declaraciones presentadas en el juicio, la dinámica del accidente comenzó cuando a la víctima se le entregó un recipiente que contenía gasolina pura. A pesar de que la participante advirtió explícitamente a los encargados sobre el fuerte olor a combustible y el riesgo latente, sus preocupaciones fueron ignoradas por el personal.
La Fiscalía sostiene que un empleado del lugar encendió un encendedor cerca de la mujer como parte de la escenificación. Aunque la víctima logró apagar la llama soplando en dos ocasiones, en un tercer acercamiento el combustible guardado en el envase se inflamó por completo, envolviendo a la mujer en llamas. La gravedad de las quemaduras obligó a su hospitalización inmediata en el área de cuidados intensivos durante varios meses.
Secuelas permanentes: "Un infierno en vida"
Durante las audiencias celebradas esta semana en Granada, la afectada relató el impacto que el incidente dejó en su salud física y mental. Debido a los daños severos en el tejido cutáneo, la mujer ha tenido que someterse a múltiples cirugías reconstructivas y presenta cicatrices permanentes.
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Familiares y personas cercanas a la víctima testificaron que vive "un infierno", ya que actualmente no puede exponerse al sol bajo ninguna circunstancia y se ve obligada a utilizar paraguas y barreras físicas especiales cada vez que requiere salir a la vía pública.
Fiscalía solicita penas de cárcel
El Ministerio Fiscal solicitó formalmente una pena de dos años de prisión para el propietario del establecimiento y para el trabajador involucrado en la dinámica, señalándolos por imprudencia grave con resultado de lesiones.
La investigación judicial destapó una serie de irregularidades operativas y la falta de medidas de seguridad básicas dentro del inmueble:
- Falta de equipo: El local carecía de extintores adecuados para combatir incendios químicos y de señalización de salidas de emergencia.
- Sin protocolos: El negocio no contaba con un sistema o botón de pánico para detener la actividad de forma inmediata en caso de siniestro.
- Omisión de riesgos: Los clientes no firmaron ningún documento de consentimiento informado ni recibieron advertencias claras sobre el uso de sustancias inflamables reales dentro del juego.
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