El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó una acusación criminal sin precedentes contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de conspiración para el narcotráfico de fentanilo y cocaína. Según el pliego acusatorio, el mandatario utilizó su cargo para brindar protección institucional a "Los Chapitos", una situación que se agravó tras auditorías que señalan una corrupción sistémica dentro de su administración estatal vinculada directamente con el crimen organizado.
El factor clave: la captura de Ismael "El Mayo" Zambada
La investigación internacional contra Rocha Moya se intensificó tras la captura del capo Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. A través de una carta, Zambada afirmó haber sido emboscado mientras esperaba una reunión con el gobernador; en respuesta, el mandatario sostuvo que se encontraba de viaje en Los Ángeles, California, el día del suceso. No obstante, reportes de inteligencia y auditorías periodísticas revelaron la ausencia de registros migratorios que respalden dicha salida del país, lo que desmoronó su defensa inicial.
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La "coartada fabricada" que sustenta el caso judicial
Las autoridades estadounidenses han calificado la versión del gobernador como una “coartada fabricada”, convirtiendo esta inconsistencia en la pieza central para fortalecer el caso judicial en su contra. Esta falla en la narrativa oficial permitió a las agencias vincularlo directamente con la protección delictiva y obstrucción a la justicia, situándolo ahora frente a un proceso penal que podría resultar en una sentencia de cadena perpetua por su presunta colaboración activa con las facciones del narcotráfico en Sinaloa.
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Golpe desde EU sacude al poder en Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen
