El fallecimiento de una niña de dos años de edad generó una profunda conmoción e indignación social en Chile, luego de que se diera a conocer que la menor perdió la vida debido a una presunta falta de atención por parte de su padre, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.
Los detalles del accidente en la comuna de Las Condes
Los trágicos hechos se registraron el pasado domingo 17 de mayo de 2026 en un inmueble de la calle Los Militares, ubicado en la comuna de Las Condes, en la zona metropolitana de Santiago. De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades andinas, la pequeña, identificada como Isidora, cayó al vacío desde el piso 11 de un edificio residencial.
Los reportes policiales indican que la menor se quedó sola durante un lapso aproximado de dos horas en una habitación del departamento. En el cuarto, la cama estaba situada justo al lado de una ventana que no contaba con ningún tipo de malla o estructura de protección.
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Según los testimonios recabados por los agentes, el padre, identificado como Jorge Constanzo, se encontraba durmiendo profundamente tras haber ingerido bebidas embriagantes en una celebración previa junto a su actual pareja. Debido a su estado, el hombre tardó alrededor de 40 minutos en percatarse del deceso de su hija, luego de que los cuerpos de seguridad y vecinos notificaran el hallazgo del cuerpo en las áreas comunes del edificio.
Situación legal del imputado y plazo de investigación
Tras el siniestro, los elementos policiales procedieron con la detención inmediata del progenitor para ponerlo a disposición de las instancias correspondientes por el delito de vulneración de derechos y negligencia.
Sin embargo, durante la audiencia inicial, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la fiscalía para aplicar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del señalado, tras considerar que el hombre no representa una amenaza directa para la seguridad de la sociedad. A pesar de haber sido puesto en libertad condicional, el proceso legal y la investigación en su contra continúan en pie, fijándose un plazo definitivo de 120 días para que las autoridades determinen las responsabilidades penales del caso.
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