Tener una mascota en el hogar y cruzarla para regalar los cachorros entre familiares o conocidos ha dejado de ser una práctica libre para convertirse en una infracción grave bajo el marco de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, normativa que establece sanciones económicas que alcanzan los 50 mil euros (más de 900 mil pesos mexicanos) para quienes reproduzcan animales sin autorización oficial.
La regulación tiene como eje central frenar los altos índices de abandono de perros, gatos y hurones, así como combatir de raíz el comercio clandestino e indiscriminado de ejemplares a través de mercados informales o redes sociales.
Prohibición a particulares y registro obligatorio
El marco legal endurece de manera tajante las condiciones bajo las cuales se permite la gestación de animales de compañía:
- Infracción al artículo 27: La legislación prohíbe permanentemente la cría a cualquier dueño particular que no figure formalmente de alta en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.
- Fin a la cría doméstica: La gestación de camadas deja de ser una determinación personal o afectiva del tutor y pasa a considerarse una actividad estrictamente técnica, controlada y profesionalizada, sujeta a permisos sanitarios y estándares veterinarios específicos.
- Especies prioritarias: Las restricciones y el cerco legal se enfocan principalmente en perros, gatos y hurones, al ser las especies domésticas que registran las tasas más alarmantes de desamparo y maltrato.
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Monto de las multas y notificación obligatoria
Las consecuencias administrativas para los propietarios contemplan penalizaciones severas y responsabilidades inmediatas:
- Sanciones monetarias: Las multas por infringir estas disposiciones oscilan entre los 10 mil y los 50 mil euros (cerca de 900 mil pesos al tipo de cambio actual), catalogándose como infracciones graves dentro del régimen disciplinario.
- Obligación ante camadas accidentales: En caso de que ocurra una preñez imprevista o fortuita, los dueños están obligados por ley a notificar el hecho de inmediato a las autoridades competentes, con el fin de justificar el suceso y proceder bajo los protocolos correspondientes de esterilización o entrega protegida.
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