En el gobierno, siempre aseguran que no existen pruebas contra ninguno de los suyos, ni contra los hijos de López Obrador, ni contra gobernadoras, gobernadores, integrantes del gabinete o miembros de su partido, en abierto desafío a Estados Unidos.
En el palacio continúan defendiendo a Rocha para evitar su extradición, mientras que el general Mérida y Díaz Vega, quien manejaba las finanzas de Rocha, podrían estar proporcionando más información sobre los políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico.
