Las iniciativas del Gobierno para restringir el efectivo y forzar los cobros electrónicos despiertan alertas por una mayor fiscalización sobre la economía de la población. La inquietud se acentúa en las gasolineras, donde se perfila obligar a los automovilistas a pagar el combustible exclusivamente con métodos digitales, alterando las compras cotidianas de los usuarios.
Especialistas cuestionan que se vigile con rigor al ciudadano común mientras el huachicol sigue desbordado: el crimen organizado sustrae a diario más de tres millones de litros de hidrocarburos que terminan vendiéndose en efectivo dentro de las mismas estaciones de servicio. Ante este escenario, resulta incoherente imponer trabas y candados al consumidor antes de desmantelar las redes ilegales que lucran impunemente con el combustible robado.
