El régimen de Corea del Norte impuso una sentencia de cadena perpetua en un campo de concentración a un niño de dos años junto con sus padres.
La medida se ejecutó luego de que las autoridades norcoreanas descubrieron que la familia mantenía una Biblia bajo su posesión dentro de su vivienda.
El caso salió a la luz pública a través del Informe Internacional de Libertad Religiosa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De acuerdo con el documento, la medida forma parte de un sistema generalizado de persecución contra la práctica de cultos no autorizados, el cual afecta no solo a los adultos señalados sino a núcleos familiares completos.
¿Por qué el castigo alcanzó a un menor de dos años?
En el sistema penal de Corea del Norte se aplica de manera recurrente el principio de culpabilidad por asociación o castigo familiar. Bajo este mecanismo, cuando una persona es acusada de delitos de tipo ideológico o religioso, las sanciones y el traslado a centros de detención abarcan a varias generaciones para ejercer un estricto control social.
Diversos organismos internacionales, entre ellos agencias vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han denunciado que estas acciones violan de forma directa los principios básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño. La privación de la libertad de menores en instalaciones penitenciarias clausura su acceso a la educación, la salud y un entorno de desarrollo seguro.
¿Cuál es la situación de la libertad religiosa en Corea del Norte?
El reporte estadounidense estima que cerca de 70 mil personas cristianas se encuentran recluidas en prisiones y campos de trabajo forzado dentro del territorio norcoreano. Las leyes del país prohíben estrictamente cualquier actividad religiosa independiente que no esté subordinada al culto oficial de la dinastía gobernante.
Quienes son descubiertos en posesión de textos sagrados, realizando oraciones o teniendo contacto con redes religiosas en el extranjero enfrentan procesos sin debido proceso legal. Los castigos documentados por organizaciones de derechos humanos van desde años de trabajo forzoso hasta el confinamiento definitivo en colonias penitenciarias bajo condiciones extremas.
