Aunque desde Palacio Nacional se insiste en descartar que existan narcopolíticos en el país, dicha postura choca frontalmente tanto con las investigaciones del gobierno estadounidense como con las capturas realizadas en territorio nacional, las cuales involucran a más de un centenar de representantes de distintos órdenes de gobierno vinculados a la delincuencia.
Por un lado, los señalamientos de Washington, que incluyen penalizaciones del Departamento del Tesoro, apuntan a personajes de alto perfil: desde el gobernador Rubén Rocha, cuyo paradero se cuestiona, y el senador morenista Enrique Inzunza, hasta el exmandatario municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez. En esa misma lista figuran legisladoras como Hilda Araceli Brown, Carlos Torres y Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit.
A esto se suman los golpes judiciales en territorio mexicano, encabezados por el Operativo Enjambre, responsable de la detención de unos 111 servidores públicos en varios estados. La red de complicidades alcanza a exmandatarios locales como Miguel Sánchez Altamirano de Juchitán, Jesús Corona Damián de Cuautla, Diego Rivera de Tequila y José Ascención Murguía de Teuchitlán, acusados de poner el poder público al servicio del narco, el cobro de piso y el despojo.
